En Estados Unidos, las discusiones intrafamiliares que escalan a delitos graves pueden tener consecuencias migratorias severas, llegando incluso a la deportación. El Departamento de Estado ha emitido una clara advertencia: si un individuo es arrestado por agresión, violencia doméstica u otros delitos mientras se encuentra en el país, su visa puede ser revocada, un privilegio que no debe ponerse en riesgo. Esta situación es particularmente delicada para los inmigrantes, incluso aquellos que poseen una ‘green card’.
La violencia intrafamiliar, definida por la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA Act) y otras legislaciones, incluye acciones como el acoso, el abuso de menores, la negligencia o el abandono, y el abuso físico. Estas acciones no solo aplican entre cónyuges o parejas, sino también entre miembros de la familia consanguínea, tutores legales e incluso entre compañeros de apartamento. Una acusación por cualquiera de estos delitos puede poner en serias dificultades los procesos migratorios en curso y futuras solicitudes de visa.
Si bien una denuncia por violencia doméstica no hace a una persona inadmisible de inmediato, sí la hace deportable bajo la ley de 1996. Ante una acusación, es crucial que el individuo y su abogado evalúen la validez de los cargos, la posibilidad de removerlos o la reducción de las consecuencias penales. Además de la deportación, los culpables pueden enfrentar sentencias como servicios comunitarios, programas de manejo de ira, tiempo en prisión, órdenes de alejamiento e incluso la pérdida de custodia de hijos. Cada estado en EE. UU. maneja estos casos bajo su propia legislación, lo que añade complejidad al panorama legal.
