La demanda señala que el director del FBI, Kash Patel, terminó la relación laboral de los agentes basándose únicamente en su asignación a dicho caso, el cual indagaba el presunto intento del presidente Donald Trump de revertir los resultados electorales de 2020. Según el documento judicial, los demandantes contaban con calificaciones “ejemplares” y nunca habían enfrentado medidas disciplinarias hasta sus despidos, ocurridos entre finales de octubre y principios de noviembre. Los afectados sostienen que no se realizaron investigaciones internas, notificaciones ni audiencias previas, lo que representaría una violación a sus derechos constitucionales de libertad de expresión y debido proceso.
El conflicto escaló tras declaraciones en la red social Truth Social, donde el presidente Trump calificó a los involucrados en la investigación como “lunáticos radicales”, mientras que Patel afirmó que la agencia había identificado y despedido a los “actores corruptos”. En la demanda también figuran como demandados la fiscal general Pam Bondi y el Departamento de Justicia. Los exagentes, quienes aseguran haber desempeñado funciones menores o de apoyo en el caso, solicitan al tribunal su restitución inmediata en los puestos de trabajo y una declaración oficial de que su rescisión fue ilegal.
