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noviembre 27, 2025 | Actualizado ECT
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Exasambleísta Pablo Muentes expone a la Corte presunto hostigamiento y maltrato en prisión

Muentes, sentenciado por el caso Purga, relata en un escrito abusos y vulneraciones de derechos durante sus traslados

noviembre 25, 2025 | 11:12 ECT

El exasambleísta Pablo Bolívar Muentes Alarcón, sentenciado a trece años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Purga, expuso ante la Corte Nacional un extenso relato de presuntos hostigamientos, malos tratos y vulneraciones a sus derechos, los cuales asegura haber sufrido durante sus traslados entre distintos centros penitenciarios. El escrito fue dirigido al juez Javier de la Cadena Correa y se centra en la apelación de su más reciente movimiento hacia la conocida Cárcel del Encuentro, un penal de máxima seguridad. Muentes detalla que, desde su primer traslado el 4 de agosto de 2025, de la cárcel 4 a La Roca, fue ubicado en pabellones de bandas rivales, representando un riesgo evidente para su seguridad. A pesar de una orden judicial posterior que dispuso su retorno a la cárcel 4, fue trasladado nuevamente a La Roca en octubre. En este segundo ingreso, afirma haber sido obligado repetidas veces a tirarse al piso y a colocar las manos detrás de la espalda, sin consideración por su edad, que supera los 60 años.

Denunció, además, que uniformados derramaron leche sobre sus libros, destruyéndolos, y arrojaron sus artículos de aseo al inodoro, dañando sus pertenencias autorizadas. Uno de los “hechos graves” que recalca ocurrió la madrugada del 15 de octubre de 2025, cuando supuestamente ingresaron a su celda, rompieron y retiraron todas sus pertenencias. Su último traslado, el 11 de noviembre de 2025, a la Cárcel del Encuentro, se realizó sin previo aviso, enterándose él y su defensa por canales informales y por la exposición mediática. Muentes considera que la difusión de imágenes suyas escoltado, esposado y con la cabeza gacha constituye una “profunda humillación simbólica” y una violación a la prohibición de exhibir a personas privadas de libertad sin justificación. Un punto central de su apelación es su estado de salud, pues asegura que en el centro de máxima seguridad no se le ha garantizado un tratamiento médico adecuado ni se le han entregado los medicamentos que requiere para sus afecciones crónicas.

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