Joël Le Scouarnec, excirujano francés de 74 años, fue condenado el 28 de mayo de 2025 a 20 años de prisión por violar o agredir sexualmente a 299 pacientes, mayormente menores, entre 1989 y 2014. El tribunal de Vannes, en Bretaña, dictó la sentencia tras un juicio que conmocionó a Francia, revelando la magnitud de los abusos cometidos en hospitales. Le Scouarnec, quien confesó su culpabilidad, ya cumplía 15 años por otros casos de abuso desde 2020.
Los crímenes, que incluyeron 111 violaciones y 189 agresiones sexuales, ocurrieron en 12 hospitales donde Le Scouarnec trabajaba, aprovechándose de pacientes bajo anestesia o en revisiones postoperatorias. De las víctimas, 256 eran menores de 15 años, la menor de un año. La investigación se destapó en 2017 tras la denuncia de una vecina de seis años, lo que llevó al hallazgo de cuadernos detallando los abusos, junto con miles de imágenes de pornografía infantil y decenas de muñecas en su domicilio.
El caso expuso fallos en el sistema de salud francés, ya que Le Scouarnec continuó ejerciendo pese a una condena en 2005 por posesión de pornografía infantil. Durante el juicio, admitió abusos adicionales, incluido contra su nieta, y se responsabilizó por el suicidio de dos víctimas. La fiscalía pidió la pena máxima y reclusión en un centro de tratamiento tras la condena, pero el tribunal permitió la posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la sentencia, considerando su edad y “voluntad de reparación”.
Un colectivo de víctimas protestó frente al tribunal, exigiendo justicia para las 299 personas afectadas y otras cuyos casos prescribieron. Denunciaron el silencio político y la falta de acción de las autoridades hospitalarias, que no detuvieron al cirujano pese a sospechas previas. El ministro de Salud, Yannick Neuder, prometió medidas para evitar futuros casos, mientras el caso se compara con el de Gisèle Pelicot, que también sacudió a Francia por su escala de violencia sexual.
La sentencia marca un hito en la lucha contra el abuso infantil en Francia, pero las víctimas y sus familias reclaman una investigación más profunda sobre la complicidad institucional. La magnitud del caso, descrito como el mayor juicio por abuso infantil en el país, subraya la necesidad de reformas en el sistema de salud y justicia para proteger a los más vulnerables y prevenir la impunidad de agresores en posiciones de poder.
