La masacre del 6 de marzo de 2025 en Socio Vivienda 2, Guayaquil, que dejó 22 muertos, desencadenó un desplazamiento masivo de aproximadamente 300 personas, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Los residentes, atemorizados por la violencia de bandas criminales, han abandonado sus hogares en el distrito Nueva Prosperina, buscando refugio en otras provincias o con familiares. Este fenómeno, descrito como el primer desplazamiento forzado en Guayaquil, refleja la crisis de seguridad que azota la zona.
La violencia, atribuida a una disputa entre las facciones ‘Igualitos’ y ‘Fénix’ de Los Tiguerones, ha generado un clima de terror. Los atacantes, armados con fusiles y pistolas, irrumpieron en varias viviendas, dejando un saldo de seis heridos y cuerpos esparcidos por las calles. La situación se agravó con el hallazgo de una mujer asesinada a pedradas el 7 de marzo y la muerte de un niño y una vecina tras manipular un artefacto explosivo una semana después. Los operativos del Bloque de Seguridad resultaron en 14 detenciones, pero no han detenido las amenazas de las bandas.
El Movimiento de Barrios en Lucha y la Batucada Popular estiman que el 60% de las familias de Socio Vivienda han huido, dejando cuadras enteras desiertas. Los habitantes denuncian un toque de queda impuesto por los criminales a partir de las 19:00, lo que limita su movilidad. La ausencia del Estado es evidente, con servicios básicos como centros de salud cerrados temporalmente y líneas de buses que ya no ingresan al sector. Organizaciones sociales exigen al gobierno reconocer este desplazamiento forzado y tomar medidas urgentes para proteger a las familias.
El impacto social es devastador. Escuelas y colegios operan con pocos alumnos, ya que muchos padres trasladan a sus hijos a otros sectores por seguridad. La Fundación Aldea reporta un aumento del 15% en homicidios de menores en 2024, evidenciando la vulnerabilidad de los jóvenes. Además, el hallazgo de cuerpos desmembrados y granadas en las calles refuerza el temor de los residentes. La Policía ha decomisado armas y explosivos, pero los vecinos dudan de la efectividad de estas acciones, afirmando que los operativos son temporales.
El presidente Daniel Noboa prometió indultos a policías y militares que actúen en Nueva Prosperina, pero la comunidad reclama soluciones integrales. La Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo y el CDH piden políticas de prevención y desarrollo social para evitar que las bandas consoliden su control. Mientras tanto, los habitantes de Socio Vivienda viven atrapados entre el miedo y la incertidumbre, con muchos abandonando sus hogares en busca de seguridad.
