Veintiocho expresidentes de Iberoamérica, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), rechazaron el 6 de junio de 2025 la intención del presidente colombiano Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular sobre su reforma laboral, tras el rechazo del Senado el 14 de mayo. La declaración de Petro, “cuando las instituciones van en contra del pueblo… las instituciones se van”, generó alarma por su desafío al orden constitucional y la separación de poderes. Entre los firmantes están los ecuatorianos Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenín Moreno, junto a figuras como Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia.
La consulta, archivada por 49 votos en contra, fue calificada de fraudulenta por Petro, quien alega irregularidades en el trámite liderado por el presidente del Senado, Efraín Cepeda. La oposición, incluyendo partidos como Centro Democrático y Cambio Radical, denuncia un “golpe de Estado” y una violación a la Constitución, respaldada por un fallo del Consejo de Estado que ratifica la decisión del Senado como definitiva. Cepeda y otros líderes, como Federico Gutiérrez, advierten que el decreto será demandado ante la Corte Constitucional.
El gobierno insiste en que el Senado no cumplió con el procedimiento al omitir la lectura de la proposición, según el ministro Armando Benedetti, apoyado por dos expresidentes de la Corte Constitucional. Sin embargo, juristas como Rodrigo Uprimny sostienen que la votación es válida hasta que un juez la anule, y convocar la consulta por decreto sería un prevaricato. La polémica, que incluye acusaciones de Petro contra expresidentes, refleja una creciente tensión política en Colombia, con llamados a proteger la institucionalidad.
