Víctor Rivadeneira, asesor jurídico de la Fenocin, denunció que el Gobierno estaría utilizando la Ley de Fundaciones y Corporaciones, impulsada por el presidente Daniel Noboa, como herramienta para perseguir a dirigentes sociales.
Según Rivadeneira, la norma vigente “limita derechos de organización y participación” y contiene “elementos suficientes para ser declarada inconstitucional”. Por esta razón, la organización analiza acciones legales para llevar el caso ante la Corte Constitucional.
La Ley de Fundaciones establece nuevos requisitos para el registro y funcionamiento de organizaciones sociales y fundaciones en Ecuador. Entre sus disposiciones, faculta al Ejecutivo a disolver entidades si se determina que incumplen sus fines o realizan actividades consideradas “ajenas” a su objeto social. Además, exige reportes financieros y administrativos más estrictos, así como un mayor control sobre su conformación y actividades.
Desde el Gobierno, la medida fue presentada como una herramienta para garantizar transparencia y evitar que ciertas organizaciones operen con fines políticos o irregulares. Sin embargo, sectores sociales y de derechos humanos advierten que esta normativa puede ser usada para limitar la libertad de asociación y la participación ciudadana, especialmente de movimientos indígenas, campesinos y colectivos sociales.
La Fenocin, junto a otras organizaciones, evalúa estrategias conjuntas para impugnar la ley y detener lo que califican como “una ofensiva contra la organización popular”.
