La madrugada del 9 de julio de 2025, la Fiscalía General de Ecuador, con apoyo de la Policía Nacional, ejecutó tres allanamientos en Quito como parte de la investigación por el presunto delito de violación a una menor, atribuido al legislador Santiago Díaz Asque, recientemente expulsado de Revolución Ciudadana. La diligencia buscó recabar indicios, según informó la Fiscalía en X.
En los inmuebles allanados, Criminalística colectó documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos. La Fiscalía anunció que tomará versiones de varias personas, sin precisar si hubo detenidos. La denuncia fue presentada por el padre de la menor el 7 de julio, pero se hizo pública un día después.
Díaz Asque, en un comunicado, negó las acusaciones, calificándolas de “montaje” y “persecución política”, y anunció que pedirá licencia sin sueldo para defenderse. La Asamblea Nacional, en un comunicado del 8 de julio, aseguró que actuará conforme a la Constitución y la ley, urgiendo celeridad a la Fiscalía.
El caso ha generado controversia, y las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer los hechos, mientras la sociedad exige transparencia y justicia en un caso sensible que involucra a una menor de edad.
