La justicia surcoreana ha alcanzado un punto crítico en el proceso contra su antiguo líder. Este martes 13 de enero de 2026, un equipo especial de la Fiscalía solicitó formalmente la pena capital para el expresidente Yoon Suk-yeol, tras concluir la fase de alegatos en el juicio por insurrección que se desarrolla en el Juzgado del Distrito Central de Seúl. La acusación sostiene que el intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024 constituyó un ataque directo al orden constitucional del país. El Código Penal surcoreano establece que el delito de insurrección debe ser castigado con la pena de muerte o la cadena perpetua, dada la gravedad de poner en riesgo la estabilidad democrática de la nación.
A pesar del rigor de la petición fiscal, expertos legales señalan que la ejecución de la sentencia es altamente improbable. Corea del Sur mantiene una moratoria sobre las ejecuciones desde hace casi 40 años, lo que sugiere que, de ser hallado culpable, la pena podría conmutarse por cadena perpetua. El equipo especial de la Fiscalía subrayó la necesidad de una sanción ejemplar para evitar futuros quiebres democráticos. Por su parte, la defensa de Yoon Suk-yeol, quien tiene 64 años de edad, ha intentado justificar sus acciones como medidas de seguridad nacional, argumento que ha sido rechazado sistemáticamente durante las audiencias del juicio.
