La acusación fiscal se divide en tres eventos principales que exponen la estrategia de la organización:
1. Control del CPCCS e impunidad electoral
El fiscal detalló que los procesados Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, bajo la presunta dirección de Andrés Arauz, articularon estrategias para frenar sanciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El objetivo era evitar la destitución de los consejeros de la denominada “Liga Azul” mediante tácticas de fraude procesal y abuso del derecho, asegurando así su permanencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
2. Captación del Consejo de la Judicatura (CJ)
La Fiscalía sostiene que los involucrados, junto con la consejera Nicole Bonifaz, planificaron retrasar y manipular el concurso de designación de vocales de la Judicatura. Según los chats analizados (principalmente de la aplicación Wire), Arauz habría actuado como un “actor político externo” que marcaba la hoja de ruta para influir en el sistema de justicia, coordinando incluso con personal de la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública afines a su ideología.
3. Toma del sistema financiero
El tercer evento, presentado este viernes, refiere el intento de la asociación por controlar la Superintendencia de Bancos. Alarcón señaló que se buscó nombrar a un superintendente afín (Raúl González) mediante el incumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional. Esta maniobra habría contado con la participación de la exasambleísta Esther Cuesta y otros procesados para asegurar que el control del sistema financiero respondiera a los intereses del movimiento Revolución Ciudadana.
Implicados y cargos: La Fiscalía acusa como autores directos de asociación ilícita a:
- Exconsejeros del CPCCS: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.
- Consejera actual: Nicole Bonifaz.
- Políticos: Andrés Arauz (excandidato presidencial) y Esther Cuesta (exasambleísta).
- Funcionario: Raúl González (ex superintendente electo).
El fiscal concluyó que estas acciones no fueron conversaciones aisladas, sino un esquema planificado que afectó los principios de transparencia y legalidad del Estado. Una vez finalizada la intervención de la Fiscalía, corresponderá el turno a la acusación particular y a las defensas técnicas de los procesados.
