La investigación se centra en una presunta red de corrupción que habría cooptado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para beneficiar a un movimiento político específico. Según la tesis fiscal, los implicados habrían planificado estrategias para controlar instituciones clave como la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Contencioso Electoral. Entre los acusados figuran exintegrantes del CPCCS, la actual consejera Nicole Bonifaz, el excandidato presidencial Andrés Arauz y la exasambleísta Esther Cuesta, a quienes se señala como autores directos de una estructura destinada al tráfico de influencias.
Durante la audiencia, el fiscal Alarcón reveló pruebas obtenidas de peritajes a equipos celulares incautados, donde se identificaron mensajes de audio y texto entre los involucrados. Las comunicaciones se habrían realizado utilizando seudónimos para ocultar las identidades de los participantes en la planificación de estas actividades irregulares. La diligencia, presidida por la jueza Daniella Camacho, continuará con la exposición detallada de tres eventos específicos que, según la Fiscalía, demuestran cómo se instrumentalizó la participación ciudadana como fachada para captar espacios de poder estatal.
