La Fiscalía General del Estado inició una nueva investigación penal denominada caso Goleada, la cual motivó la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a diez personas más. Este proceso se centra en el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, marcando una línea jurídica independiente al caso Triple A. Durante los operativos, las autoridades recolectaron indicios como dinero en efectivo y dispositivos móviles, mientras la defensa del burgomaestre se concentraba en el Cuartel Modelo de Guayaquil a la espera de las diligencias iniciales de esta causa que sacude la administración municipal.
El marco legal que sustenta estas detenciones incluye tipos penales con sanciones severas según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El delito de delincuencia organizada puede acarrear una pena de hasta diez años de privación de libertad, mientras que el lavado de activos contempla sentencias que oscilan entre los diecinueve y veintidós años. Expertos jurídicos señalan que la detención con fines de comparecencia busca garantizar que los implicados sean procesados penalmente en una audiencia de formulación de cargos dentro de las próximas 24 horas, permitiendo a la Fiscalía solicitar medidas como la prisión preventiva para asegurar el desarrollo de la investigación.
