Delitos de Mayor Gravedad y Penas
Los delitos más graves en análisis, que acarrean las penas más altas, son:
| Delito | Art. COIP | Pena Máxima (hasta) |
| Ataque o Resistencia (con muerte) | Art. 283 | 26 años de prisión |
| Terrorismo (con muerte) | Art. 366 | 26 años de prisión |
| Terrorismo | Art. 366 | 10 a 13 años de prisión |
| Lesiones (Grado Máximo) | Art. 152 | 5 a 7 años de prisión |
La Fiscalía ha iniciado investigaciones previas reservadas por delitos de:
- Asociación Ilícita
- Enriquecimiento Privado No Justificado
- Tentativa de Paralización de Servicio Público
Estos procesos están dirigidos contra dirigentes indígenas, líderes sociales, autoridades seccionales y un asambleísta.
Delitos con Instrucción Fiscal
Se han formulado cargos y se ha iniciado instrucción fiscal (proceso penal) en contra de personas detenidas por actos violentos en los lugares de manifestación, por los siguientes delitos:
- Paralización de un Servicio Público (Art. 346): Penas de uno a tres años de prisión. En grado de Tentativa, la pena se reduce a uno a dos tercios de la sanción.
- Asociación Ilícita (Art. 370) y Enriquecimiento Privado No Justificado (Art. 297): Penas de tres a cinco años de prisión.
- Lesiones (Art. 152): Penas que varían desde treinta días a siete años de cárcel, dependiendo de la gravedad y condiciones en que se produjo la infracción (lo que puede incrementar la pena en un tercio).
- Ataque o Resistencia (Art. 283): Penas de seis meses a dos años si no hay agravantes. Puede subir a uno a tres años si se comete en concierto previo, o a tres a cinco años si los agresores están armados.
Advertencia de la Fiscalía sobre la Protesta
La FGE recordó que si bien la Constitución garantiza el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse, este derecho no ampara conductas que vulneren bienes jurídicos protegidos penalmente.
La Fiscalía aseguró que actuará con firmeza para responder ante la posible comisión de delitos como sabotaje, terrorismo, paralización del servicio público o ataque y resistencia. Asimismo, se comprometió a investigar vulneraciones de derechos por parte de las instituciones de control.
