La Fiscalía General del Estado, bajo la dirección del fiscal general encargado Leonardo Alarcón, instalará este sábado 7 de marzo la etapa de juzgamiento en el denominado caso Triple A. En esta diligencia, el Ministerio Público presentará entre 111 y 115 testigos y peritos para ratificar la acusación contra 22 personas, entre naturales y jurídicas, por el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Según las investigaciones, el esquema de corrupción habría generado un perjuicio estatal superior a los 61 millones de dólares, tras el desvío de más de 22 millones de galones de combustible hacia segmentos no autorizados. La acusación se fundamenta en la condición de alta escala, debido a las discrepancias detectadas entre el volumen de diésel y gasolina despachado por Petroecuador y el realmente comercializado por las empresas bajo investigación.
El Tribunal de Juicio, integrado por los magistrados anticorrupción Jorge Sánchez, Clara Soria y Víctor Barahona, deberá analizar las pruebas que vinculan al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a otros directivos de comercializadoras como Copedesa y Fuelcorp. La Fiscalía sostiene que estaciones de servicio en zonas fronterizas adquirieron volúmenes de combustible que superaban su capacidad física de almacenamiento, lo que hace presumir un desvío hacia actividades mineras ilegales. Por su parte, la defensa de Alvarez ha calificado la imputación como débil, argumentando que no existen evidencias específicas que vinculen directamente al burgomaestre con las operaciones finales de consumo. De ser hallados culpables bajo la tipificación de alta escala del Código Orgánico Integral Penal, los procesados podrían enfrentar penas privativas de libertad de uno a tres años.
