La Fiscalía General de Ecuador anunció el sábado 10 de mayo de 2025 la entrega de los cuerpos de 11 militares asesinados en una emboscada en Alto Punino, entre las provincias de Napo y Orellana, durante un operativo contra la minería ilegal. Según informó Diario El Universo, los cadáveres, identificados tras su traslado a la brigada militar y al Centro Forense de Lago Agrio, serán llevados a Quito vía aérea para los procedimientos finales, mientras se inicia una investigación por terrorismo.
El ataque, atribuido inicialmente al grupo narcoterrorista Comandos de la Frontera, ocurrió el viernes 9 de mayo, cuando 80 efectivos de la Brigada Selva 19 Napo fueron sorprendidos con explosivos, granadas y fusiles. Un militar resultó herido, y un cuerpo adicional, presuntamente de un miembro del grupo armado, está bajo análisis. Aunque los disidentes negaron su implicación, el presidente Daniel Noboa prometió justicia, calificando el hecho como un “crimen atroz” que no quedará impune.
La minería ilegal en Alto Punino, que ha devastado 1,500 hectáreas de bosque amazónico desde 2019, es un foco de violencia impulsada por redes criminales transnacionales. La Fiscalía, en coordinación con el Bloque de Seguridad, intensificó las operaciones en la zona, mientras el gobierno evalúa medidas para reforzar la frontera con Colombia, donde operan los Comandos de la Frontera, vinculados al narcotráfico y disidencias de las FARC.
Este incidente, uno de los más letales contra las Fuerzas Armadas ecuatorianas en años recientes, expone los crecientes desafíos de seguridad en la Amazonía, donde la convergencia de minería ilegal y crimen organizado amenaza la estabilidad regional. La comunidad internacional observa con preocupación, mientras Ecuador busca apoyo para desmantelar estas redes.
