Front Line Defenders expresó el 22 de agosto de 2025 su preocupación por el deterioro de las condiciones para defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa. Denunció que reformas como el Decreto Ejecutivo Nº60, que redujo ministerios, debilitan la protección de derechos al convertir el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en una subsecretaría y fusionar el Ministerio de Ambiente con Energía y Minas.
La organización criticó leyes como la de Solidaridad, Transparencia Social y de Inteligencia, que podrían criminalizar la resistencia indígena y campesina, violar la privacidad y el debido proceso. También señaló el hostigamiento del Ejecutivo a la Corte Constitucional tras la suspensión de artículos de estas leyes por posibles violaciones de derechos.
Front Line Defenders instó al Gobierno a cesar la restricción de la sociedad civil y garantizar la protección de defensores, conforme al Acuerdo de Escazú. Advirtió que estigmatizar o criminalizar la defensa de derechos pone en riesgo la democracia y la seguridad de las comunidades ecuatorianas.
