En la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y la Zona 5 (Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Bolívar y Galápagos), agentes de la Policía Nacional expresan frustración ante la liberación de sospechosos de delitos graves, como secuestro y extorsión, mediante medidas alternativas como arresto domiciliario, prohibición de salida del país o presentación periódica ante fiscales. Estas decisiones judiciales, que permiten a los capturados quedar libres en pocas horas, generan desazón entre los uniformados que despliegan operativos y recursos para detenerlos, según declaraciones de oficiales de ambas zonas.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, señaló que unos 800 policías están asignados a custodiar a 275 personas bajo arresto domiciliario a nivel nacional, incluyendo 21 en la Zona 5 (11 en Guayas, 9 en Santa Elena y 1 en Galápagos), lo que implica 68 agentes solo en esa región. Este desvío de personal, según Fernando Vaca, jefe de la Zona 5, limita la capacidad de atender zonas conflictivas, especialmente ante el aumento de muertes violentas: 432 en 2025 frente a 279 en 2024 en la misma zona. Reimberg anunció que identificará públicamente a jueces y fiscales responsables de estas liberaciones.
La problemática fue abordada en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde el asambleísta Ferdinan Álvarez propuso reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer sanciones y evitar medidas alternativas en casos graves. Álvarez también instó al Consejo de la Judicatura a separar a funcionarios judiciales que permitan estas liberaciones, más allá de sanciones administrativas. La Policía sostiene que muchos de los beneficiados con arresto domiciliario deberían enfrentar prisión preventiva, para liberar recursos y reforzar la seguridad en áreas críticas.
