El 4 de junio de 2025, la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, afirmó en una entrevista con FMMundo que la seguridad del sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil, es responsabilidad del Municipio, al considerarlo un “mercado”. Esta declaración, hecha tras una explosión el 3 de junio que afectó seis locales en las calles Ayacucho y Eloy Alfaro, generó controversia. Rovira señaló que seis personas fueron aprehendidas en operativos posteriores, bajo investigación por posible vínculo con el atentado, atribuido a extorsiones de bandas como Los Lobos.
El presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, calificó la afirmación de Rovira como “falsa”, aclarando que la seguridad ciudadana es competencia de la Policía Nacional, mientras el Municipio colabora con el orden y control del espacio público. Cornejo subrayó que la ley define claramente estas responsabilidades, y acusó a Rovira de entorpecer el trabajo conjunto. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que los operativos en la Bahía continuarán hasta identificar a los responsables de la explosión y las extorsiones, con 60 efectivos desplegados y equipos especializados contactando a comerciantes para recabar información.
La explosión, que dejó escombros y daños materiales, es parte de una serie de incidentes en la Bahía, incluyendo atentados el 8 y 21 de mayo, y la localización de un vehículo con explosivos el 19 de mayo. Comerciantes reportan extorsiones semanales de $200 a $300, con pagos iniciales de hasta $3.000, lo que ha llevado a cierres temporales de locales por temor a represalias. El 4 de junio, las Fuerzas Armadas se sumaron a los controles, resguardando el perímetro afectado.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, comprometió apoyo para reparar los seis locales dañados y anunció líneas anónimas y equipos contra la extorsión, en coordinación con el Ministerio del Interior. Sin embargo, la declaración de Rovira ha generado críticas por trasladar la responsabilidad al Municipio, cuando la seguridad ciudadana recae en el Gobierno central. La Bahía, un centro comercial clave, enfrenta una creciente ola de violencia que exige mayor coordinación entre autoridades para proteger a los comerciantes y restablecer la confianza en la zona.
