El 4 de agosto de 2025, la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, defendió la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, proyecto económico urgente de Daniel Noboa, señalando irregularidades en organizaciones sociales por $600 millones en 2025. Según Jaramillo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reporta fundaciones que manejan entre $10 y $15 millones, sumando más de $300 millones en flujos sospechosos, lo que exige regulación para prevenir delitos como lavado de activos.
La propuesta, en trámite en la Asamblea Nacional, busca supervisar fundaciones y ONG mediante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, exigiendo transparencia y registro en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales. Jaramillo enfatizó que, aunque muchas organizaciones tienen fines nobles, no deben ser empañadas por actividades ilícitas, justificando herramientas legales para garantizar integridad.
