El 2 de junio de 2025, la vocera presidencial Carolina Jaramillo anunció desde el Palacio de Carondelet, en Quito, la auditoría a tres empresas públicas estratégicas de Ecuador: Petroecuador, Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Las revisiones, a cargo de las firmas internacionales Deloitte, PwC y EY, incluirán auditorías financieras, forenses y revalorización de activos, con procesos de contratación previstos para agosto de 2025.
La medida, parte de las cinco políticas clave del segundo mandato de Daniel Noboa, busca erradicar la corrupción y sanear la gestión de estas entidades, que han enfrentado cuestionamientos por irregularidades. Petroecuador, por ejemplo, reportó pérdidas de $4,771 millones en contratos con empresas asiáticas entre 2008 y 2022, mientras que CNEL y Celec han sido señaladas por contratos colectivos “abusivos” y sueldos elevados, según el Ministerio del Trabajo.
En 2024, la producción de Petroecuador se estancó, y su refinería de Esmeraldas enfrentó mantenimientos prolongados tras un incendio en mayo de 2025. Celec, con un presupuesto de $2,200 millones, no ha reflejado mejoras en termoeléctricas ni líneas de transmisión, según el Comité de Empresa. CNEL reportó pérdidas de $400 millones anuales por tercerización y un 19.96% de energía no facturada, lo que resalta la urgencia de las auditorías.
Las firmas auditoras evaluarán contratos colectivos, como el de Petroecuador, estancado desde 2017, y casos como el del consorcio Segurilab, suspendido por irregularidades en una licitación de $6.9 millones para chequeos médicos. El gobierno también revisará pagos cuestionados, como los $65,000 mensuales reportados erróneamente en Celec, aclarados como $1,200 por un odontólogo tras una indemnización.
Noboa, quien preside los directorios de estas empresas desde enero de 2025, busca transparentar la gestión tras revocar a su delegado, Michele Sensi Contugi. La ministra de Energía, Inés Manzano, destacó que esta participación presidencial es inédita y responde a la necesidad de decisiones directas. Sindicalistas de CNEL y Celec apoyan la iniciativa, proponiendo incluir a trabajadores en los directorios para mejorar la gestión, aunque sin voto.
El proceso, habilitado por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no tiene un costo definido aún, pero se espera que fortalezca la sostenibilidad fiscal. Los ahorros generados se destinarán a programas sociales, como los $250 millones para educación y $150 millones para salud anunciados para 2025. La medida se alinea con otras políticas, como la eliminación del subsidio al diésel atunero y la tasa minera, consolidando el plan de Noboa para un Estado eficiente.
