La denuncia se fundamenta en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Ministerio argumentó que la acción se debe a la difusión de imágenes y videos que muestran a un grupo de personas rompiendo intencionalmente una tubería del sistema de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra.
Este sabotaje provocó una interrupción masiva del servicio, afectando a miles de familias.
El Gobierno Nacional rechazó enérgicamente cualquier acción que ponga en riesgo derechos fundamentales como el acceso al agua, y aseguró que la denuncia tiene como objetivo proteger a la comunidad y garantizar la continuidad de los servicios básicos.
