La indignación ciudadana en la capital ha escalado hasta las instancias judiciales. Este lunes 23 de febrero de 2026, vecinos de diversos sectores de Quito, acompañados por concejales de oposición como Wilson Merino y Michael Aulestia, acudieron a la Corte Constitucional para presentar una demanda contra el nuevo sistema de recolección de desechos. Los manifestantes denuncian que la tasa se ha duplicado —y en algunos casos decuplicado— de forma abrupta, afectando gravemente la economía de miles de familias que ahora deben elegir entre pagar los servicios básicos o cubrir sus necesidades alimenticias.
Testimonios de un incremento “inaudito”
Los ciudadanos afectados presentaron planillas donde se evidencia el salto en los valores cobrados por el Municipio:
- Caso Chimbacalle: Luis Flores relató que su tasa de recolección pasó de $ 1,93 a $ 17,03. “Antes pagaba máximo $14 al año; ahora pagaré más de$ 200”, señaló con preocupación.
- Barrio El Trigal: Carla Changalate denunció que su rubro se duplicó, pasando de $4 a$ 8 en la planilla de luz eléctrica.
- La Magdalena: Jorge Cevallos reportó que su pago escaló de $ 2 en 2022 a $ 11 en la actualidad, calificando la medida como un exabrupto en medio de una situación económica complicada.
La polémica fórmula: ¿Por qué subió la tasa?
El concejal Wilson Merino explicó que el conflicto radica en la inclusión de costos variables asociados al consumo de agua dentro de la fórmula de cálculo. Según Merino, los costos de un servicio como el barrido y la disposición final de basura deben ser fijos y cuantificables, no dependientes de cuánta agua utiliza un hogar. La fiscalización preliminar sugiere que el municipio buscaría recaudar $ 2.000.000 adicionales al mes, superando con creces la inversión inicial de $ 6.000.000 que el alcalde Pabel Muñoz anunció para el sistema.
Postura oficial y acciones legales
A pesar de las quejas en más de 50 barrios, el alcalde Pabel Muñoz ha ratificado que el sistema no será revisado, argumentando que el mecanismo es preciso y refleja el consumo de los usuarios. No obstante, la demanda presentada busca no solo suspender el cobro actual, sino lograr la retroactividad para que las personas que ya pagaron valores excesivos reciban una compensación. El caso ha sido comparado con la polémica Contribución Especial de Mejoras (CEM), donde miles de vecinos aún esperan devoluciones por cobros indebidos en años anteriores.
