En Ecuador, los adultos mayores de 65 años en situación de pobreza o incapacidad física o mental pueden solicitar una pensión alimenticia de sus familiares, según la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. El proceso, regulado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), inicia con una demanda judicial ante un juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. La pensión, destinada a cubrir necesidades básicas, es fijada según las tablas del MIES, considerando los ingresos de los obligados, que incluyen cónyuges, hijos, nietos o hermanos.
El trámite requiere identificar al adulto mayor como beneficiario, presentar una solicitud formal y, en caso de no contar con recursos para un abogado, recurrir a consultorios jurídicos gratuitos de universidades, con las que el MIES ha firmado acuerdos. El juez determina el monto basándose en los ingresos registrados en el IESS de los demandados y el grado de parentesco, con montos mínimos ajustados anualmente según el salario básico ($470 en 2025). Desde 2021, el MIES ha implementado tablas específicas para garantizar montos justos, priorizando la dignidad de los mayores.
Para casos de vulnerabilidad extrema, el MIES realiza encuestas a través del Registro Social para identificar beneficiarios, quienes pueden recibir apoyo sin iniciar una demanda. Las brigadas del ministerio y los consultorios jurídicos facilitan el acceso a este derecho, especialmente en zonas rurales. En 2025, el proceso se ha simplificado con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), que permite pagos en 642 puntos del Banco del Pacífico, asegurando cumplimiento y transparencia. Este mecanismo busca proteger a los 1.3 millones de adultos mayores en Ecuador, de los cuales muchos enfrentan condiciones precarias.
