El fallecimiento de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia, ha escalado a una crisis política y ética en Colombia tras las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro. El menor murió en Bogotá el pasado viernes luego de sufrir una caída en bicicleta, accidente que se agravó debido a la ausencia de Emicizumab, un fármaco esencial para controlar su condición y que, según denuncias, el sistema de salud no suministró durante 60 días. En lugar de ofrecer condolencias o anunciar investigaciones sobre el desabastecimiento, Petro y su Ministro de Salud responsabilizaron públicamente a la madre por permitirle hacer deporte, llegando incluso a difundir detalles del historial clínico del niño en un acto oficial.
Expertos jurídicos y organizaciones de salud han rechazado categóricamente la conducta del Ejecutivo, recordando que la divulgación de información médica privada vulnera el Artículo 15 de la Constitución colombiana, el cual protege la intimidad y los datos personales. Durante sus declaraciones, el mandatario detalló síntomas como otorragia y epistaxis para justificar una supuesta fractura craneal, comentarios que han sido calificados como una táctica para desviar la atención de las fallas administrativas en el sector salud. El caso ha generado una ola de críticas por la falta de empatía institucional frente a una tragedia que pone de relieve la crisis en el suministro de medicinas vitales en el país.
