El 3 de julio de 2025, un niño de 6 años, hijo de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los Choneros, fue abandonado en Guasdualito, Venezuela, por su madre, Hilda Mariella Peñarrieta, y sus hermanos durante un control policial en la frontera con Colombia. El menor, acompañado de su niñera, reveló a las autoridades que su padre era Fito, desencadenando una investigación que vincula a la familia con una red de lavado de activos de 24 millones de dólares, según la Fiscalía de Ecuador.
La familia de Fito, incluyendo a Peñarrieta, tres hijos mayores, una niñera, una cocinera y escoltas, huyó de Ecuador a finales de junio tras la captura de Fito y su posible extradición. Ayudados por las Disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, cruzaron desde Manabí hacia Arauca, Colombia, antes de llegar a Venezuela. En el control fronterizo, Peñarrieta y tres hijos escaparon en motocicleta, dejando al menor y a la niñera, quienes fueron detenidos junto con la cocinera y un escolta.
El niño, identificado como L. S. Macías Villamar, relató a las autoridades venezolanas que su padre, “profesor” en la cárcel por poseer “diamantes y oro”, estaba detenido, y que su madre, quien “habla mucho por teléfono”, lo abandonó. Los adultos detenidos, todos ecuatorianos, confesaron su cercanía con Fito y haber ingresado ilegalmente a Venezuela por trochas. Fueron trasladados a un centro de detención en Caracas, mientras el menor fue llevado a un hogar de protección en Guasdualito.
En Ecuador, Peñarrieta y sus hijos mayores, Michell y Adolfo, son buscados por lavado de activos ligado al narcotráfico. Fito, extraditado a EE. UU. el 20 de julio de 2025, se declaró no culpable de cargos por tráfico de drogas y armas. El niño, previamente deportado de Argentina en enero de 2024 por su vínculo con Fito, permanece en un centro de atención en Caracas, con contacto limitado con su madre y una solicitud de su abuela materna para su custodia.
La falta de respuesta del Ministerio del Interior de Ecuador y el cierre de la Embajada de Venezuela en el país complican la coordinación sobre el caso. Las autoridades venezolanas continúan investigando, mientras el menor enfrenta las consecuencias de las actividades criminales de su familia, marcadas por una huida internacional y acusaciones de narcotráfico.
