Yolanda Pérez Magallón, una inmigrante hispana de 50 años, estuvo detenida 18 días por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, tras ser arrestada el 24 de febrero de 2025. Durante su reclusión, presenció tratos injustos, como el caso de una mujer embarazada que perdió a su bebé, fue llevada al hospital y devuelta al centro de detención sin mayor consideración. Yolanda, liberada tras pagar una fianza de 1,500 dólares, relató estas experiencias a Univision, destacando la dureza de las condiciones en el centro de Otay Mesa.
Yolanda, madre de Xitlali Tejeda, una joven de 21 años con cáncer óseo, fue arrestada junto a su hijo Jonathan por un delito menor de robo cometido en 2005. La detención generó protestas en Los Ángeles, ya que ella es la principal cuidadora de su hija enferma. Durante su encierro, Yolanda observó cómo la mujer embarazada, tras perder a su bebé, no recibió apoyo adecuado, siendo retornada rápidamente al centro de detención. Este caso, según Yolanda, refleja la falta de humanidad en el trato a los detenidos.
La comunidad inmigrante y activistas respondieron con indignación, organizando manifestaciones frente al centro de Otay Mesa. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ofreció apoyo financiero a la familia para evitar que los hijos de Yolanda quedaran desamparados. La liberación de Yolanda el 11 de marzo permitió su emotivo reencuentro con Xitlali, aunque la preocupación persiste por Jonathan, quien permanece detenido sin claridad sobre su futuro.
Las políticas migratorias de ICE, endurecidas bajo la administración Trump, han sido criticadas por su impacto en personas vulnerables, como mujeres embarazadas. En 2018, ICE eliminó la presunción de liberación para embarazadas, tratándolas como cualquier otro detenido, lo que aumenta riesgos para su salud. Organizaciones como la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración han calificado estas medidas como violaciones a los derechos humanos, exigiendo reformas.
El caso de Yolanda resalta los desafíos que enfrentan los inmigrantes en centros de detención, donde las condiciones pueden agravar situaciones de vulnerabilidad. Su testimonio pone en evidencia la necesidad de políticas más humanas y transparentes. Mientras tanto, la comunidad sigue abogando por la liberación de Jonathan y otros detenidos, en un contexto de creciente escrutinio sobre las prácticas de ICE.
