Corea del Sur ha vivido este jueves 19 de febrero de 2026 uno de los juicios más trascendentales de su historia democrática. El Tribunal del Distrito Central de Seúl sentenció al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua tras hallarlo culpable de encabezar una insurrección. El juez Ji Gwi-yeon subrayó en su fallo que la declaración de ley marcial de diciembre de 2024 impuso “enormes costos sociales” y que el acusado no mostró arrepentimiento genuino por intentar paralizar la Asamblea Nacional mediante el uso de fuerzas militares. Aunque la fiscalía había solicitado la pena de muerte —una de las dos únicas opciones legales para este cargo junto a la perpetuidad—, el tribunal optó por la reclusión de por vida.
Consecuencias políticas y sociales de la sentencia
El veredicto no solo afecta al exmandatario de 65 años, sino que redefine el panorama político surcoreano:
- Sentencias adicionales: El exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, recibió una condena de 30 años de prisión por su papel logístico en la movilización de tropas.
- Polarización social: Miles de simpatizantes se congregaron fuera del tribunal bajo consignas de apoyo al expresidente, mientras un fuerte contingente policial prevenía disturbios en la capital.
- Precedente democrático: La caída de Yoon, que incluyó su destitución formal por la Corte Constitucional en abril de 2025, es vista por analistas internacionales como una prueba de fuego superada para la estabilidad de las instituciones coreanas.
Pese a que Yoon Suk Yeol negó los cargos argumentando que buscaba proteger la libertad frente a una “dictadura legislativa”, el tribunal determinó que su intención real fue establecer un mando autoritario por tiempo indefinido. Con este fallo, Yoon se suma a la lista de exlíderes surcoreanos procesados por la justicia, cerrando un capítulo de crisis que revivió los temores de los antiguos golpes militares que marcaron al país a finales del siglo pasado.
