José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública y director general encargado de la UAFE y el Sercop, abordó la controversia generada por la posible adquisición del sistema de administración de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a través de la empresa HealthBird.
Neira fue enfático al declarar que la polémica se basa en un proceso que aún no existe, ya que actualmente solo hay un acuerdo comercial firmado entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), encargada de la transformación digital del Estado, y HealthBird.
“Primero estamos estudiando. El contrato de compra pública es diferente, hay un estudio de mercado y es de cero dólares, porque no hay nada adjudicado. Es solo el levantamiento de información”, explicó Neira.
El funcionario precisó que este es un “estudio previo que no tiene ningún costo” y que la fiscalización de un proceso de compra pública formal no puede iniciar si este no ha sido lanzado.
Requisitos en un Futuro Proceso
El secretario Neira aseguró que si llega a existir un proceso de compra pública para la transformación digital, este seguirá cada paso dentro de la licitación.
Respecto a la posibilidad de que la contratación se ejecute por medio de régimen especial (una vía que ha generado alertas), Neira señaló que:
“igual se debe registrar en el Sercop y como ente rector de compras públicas tenemos que hacer la auditoría y referir a Contraloría en caso de que haya algún cuestionamiento”.
Origen de la Polémica
La controversia inició el pasado 12 de noviembre, cuando el presidente Daniel Noboa anunció que el Consejo Directivo del IESS, encabezado por el expresidente Édgar Lama, contrataría a HealthBird para desarrollar un sistema informático de derivación de pacientes.
El potencial contrato se estimaba en $37,7 millones. Las alarmas se encendieron debido a la falta de claridad sobre la experiencia de la empresa estadounidense y la ausencia de oficinas físicas. Esto motivó a asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana y a la Contraloría General del Estado a iniciar un proceso de fiscalización y un examen especial.
