La provincia de Pichincha podría ampliar su división política de ocho a nueve cantones si prospera la iniciativa liderada por la Junta Cívica Pro Cantonización del valle del Ilaló. El proyecto propone la separación de las parroquias Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, Tababela, Checa y El Quinche para formar una nueva jurisdicción independiente de Quito. Juan Fernando Serrano, presidente de la organización, argumenta que la zona se ha convertido en un polo de desarrollo estratégico con 250.000 habitantes que requiere descentralización para agilizar trámites y mejorar la inversión pública en el territorio.
El camino legal para concretar esta aspiración requiere de un informe favorable del Gobierno de Pichincha y de la Secretaría de Planificación, seguido de un referéndum donde los habitantes de las parroquias involucradas decidan su futuro. De ganar el sí, el presidente de la República deberá remitir un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para oficializar el nuevo cantón, que podría generar ingresos propios por 24 millones de dólares anuales y un presupuesto total estimado en 65 millones. La propuesta contempla un modelo de gestión digital con una estructura administrativa eficiente, destinando el 70 por ciento de los recursos exclusivamente a obra pública.
Por otro lado, figuras como el exalcalde Paco Moncayo sugieren que el problema de la capital es estructural y podría resolverse mediante la creación de alcaldías menores en las administraciones zonales existentes. No obstante, los impulsores de la cantonización sostienen que tras 20 años de espera, la autonomía territorial es la única vía para garantizar una atención debida a las necesidades de los valles. De aprobarse, el nuevo municipio tendría jurisdicción sobre áreas clave como el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y las zonas industriales de la vía E-35, marcando un cambio histórico en la configuración geográfica de la provincia.
