El 8 de abril de 2025 marcó el fin del periodo constitucional de seis años de Diana Salazar Méndez como fiscal general del Estado y de Wilson Toainga Toainga como fiscal subrogante. Sin embargo, la falta de avances en el concurso público para designar a sus reemplazos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha generado incertidumbre y malestar. Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado oficialmente si Salazar y Toainga continuarán en sus cargos de forma prorrogada, aunque extraoficialmente se espera un comunicado de la Fiscalía para aclarar su situación.
El CPCCS, encargado de designar autoridades de control como el fiscal general, enfrenta críticas por su lentitud en los procesos de selección. En septiembre de 2024, se aprobó un reglamento para el concurso de elección del nuevo fiscal, y en diciembre se conformó una veeduría ciudadana con 540 personas para garantizar transparencia. A pesar de estos avances, el proceso no ha progresado lo suficiente, y se estima que la elección del nuevo fiscal podría tomar entre ocho y diez meses, o incluso hasta dos años según expertos como Hernán Ulloa, expresidente del CPCCS.
El consejero Gonzalo Albán ha cuestionado la “pasividad” del CPCCS en la elección de autoridades, señalando que esta demora afecta a varias instituciones de control, incluyendo la Fiscalía. Por su parte, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, ha destacado logros como la graduación de 600 personas en un diplomado de participación ciudadana y la firma de 23 convenios, pero insiste en la necesidad de un séptimo vocal para dar “legitimidad” al pleno. Fantoni señaló que hace dos meses solicitó a la Asamblea Nacional la posesión de un vocal suplente, sin respuesta hasta la fecha.
El 9 de abril de 2025, el CPCCS sesionó en Cuenca, donde se conoció un informe sobre las jornadas de inducción para los veedores del concurso de elección del fiscal. Además, se entregaron certificados a ciudadanos, como parte de las actividades del organismo. Sin embargo, otros concursos pendientes, como la renovación de vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Consejo de la Judicatura, también están paralizados, lo que agrava la crisis de gobernabilidad.
La situación de la Fiscalía se complica por la falta de claridad sobre la prórroga de Salazar y Toainga. El Código Orgánico de la Función Judicial permite que el fiscal general se mantenga en funciones hasta que se designe a su reemplazo, pero no está claro si Toainga podría asumir como titular en caso de ausencia definitiva de Salazar. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, advierte que sin un reemplazo legal, la Fiscalía podría quedar en acefalía, un escenario que pondría en riesgo la continuidad de procesos judiciales.
Este contexto refleja una crisis institucional en el CPCCS, marcada por conflictos internos y demoras que afectan la designación de autoridades clave. La prórroga de Salazar y Toainga, aunque legal, no resuelve la urgencia de un concurso transparente y oportuno para garantizar la estabilidad de la Fiscalía General del Estado.
