La jueza penal de Azogues, Érika Álvarez, declaró ilegal la aprehensión de cinco personas detenidas el 7 de octubre tras un ataque violento a la caravana presidencial de Daniel Noboa en El Tambo, Cañar, por violaciones al debido proceso, como no informarles sus derechos o incomunicarlos. Aunque ordenó su liberación, la fiscal Martha Villamarín afirmó que la investigación previa por el incidente, ocurrido durante protestas por el retiro del subsidio al diésel, continuará para evitar la impunidad.
El ataque, en el marco de un paro convocado por la Conaie, dejó siete vehículos de la caravana con daños en parabrisas, ventanas y carrocería. La ministra Inés Manzano denunció una “tentativa de asesinato”, mientras juristas sugieren posibles delitos como terrorismo, destrucción de bienes públicos o atentado contra el presidente. El penalista Marcelo Dueñas aclaró que la liberación no implica inocencia, urgiendo a la Fiscalía a investigar con celeridad un acto “alevoso” que puso en riesgo vidas.
Yaku Pérez, abogado de uno de los liberados, defendió su inocencia, asegurando que su cliente, un artista, fue confundido durante las protestas. Criticó la acusación de terrorismo y celebró la liberación, mientras Dueñas advirtió que los sospechosos podrían ser procesados si la Fiscalía reúne pruebas. La investigación busca esclarecer responsabilidades en un caso que, de no resolverse, podría alentar hechos más graves.
