El Gobierno de Irán admitió oficialmente que cerca de dos mil personas perdieron la vida durante la ola de protestas que sacudió al país en los últimos meses. Esta declaración representa un giro inesperado en la narrativa oficial, que anteriormente minimizaba el impacto de la intervención de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones civiles. Las organizaciones de derechos humanos han recibido con escepticismo este reporte, señalando que el número real de víctimas podría ser considerablemente superior debido a la falta de transparencia en los registros hospitalarios y la persecución a familiares de los fallecidos.
La brutal represión ha generado una condena unánime por parte de la comunidad internacional y organismos globales, quienes denuncian el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones arbitrarias para contener el descontento social. A pesar del reconocimiento de las bajas, el régimen continúa atribuyendo los disturbios a la influencia de potencias extranjeras, manteniendo una postura de confrontación ante las demandas de mayores libertades y derechos ciudadanos. Se espera que esta nueva información impulse investigaciones independientes que busquen justicia para las víctimas y sus familias, mientras la tensión interna en el territorio iraní sigue en aumento.
