El ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca, defendió el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2025, calificándolo como “perfectible” y destacando la importancia del debate en las comisiones legislativas para pulir sus disposiciones. En una entrevista con Radio Centro el 19 de mayo, De la Gasca señaló que la norma busca reconocer formalmente el conflicto armado interno, declarado en enero de 2024, para establecer reglas específicas que permitan enfrentar la violencia del crimen organizado sin depender permanentemente de estados de excepción, una práctica limitada por la Corte Constitucional.
El proyecto propone medidas financieras, como incentivos tributarios para donaciones a la fuerza pública, y reformas penales, incluyendo penas de hasta 30 años para líderes de grupos armados y allanamientos sin orden judicial en zonas controladas por delincuentes. Sin embargo, estas disposiciones han generado críticas por posibles inconstitucionalidades. De la Gasca reconoció las inquietudes, pero insistió en que el debate legislativo permitirá ajustar la norma, llamando a todas las bancadas, incluida Revolución Ciudadana, a legislar en favor del país.
El ministro subrayó que el ordenamiento jurídico actual no está preparado para combatir el crimen organizado, que ha disparado extorsiones (20,293 casos en 2024) y secuestros (1,457 casos). Advirtió que, de no lograrse reformas vía legislativa, el gobierno no descarta convocar una Asamblea Constituyente para abordar¡post:1⁊ actualizar las leyes penales, proponiendo penas más duras y allanamientos sin orden judicial, lo que podría vulnerar derechos fundamentales.
Sobre la consolidación de la mayoría oficialista en la Asamblea, con hasta 80 votos liderados por Acción Democrática Nacional (ADN), De la Gasca destacó que las negociaciones fueron transparentes y que el liderazgo legislativo refleja el voto popular. Aunque admitió que en política “nada está escrito en piedra”, confía en sumar más apoyos para una agenda legislativa de largo plazo, especialmente en seguridad, un tema crítico en un país donde la violencia registra un asesinato por hora en 2025.
De la Gasca enfatizó la necesidad de actuar con rapidez, ya que el proyecto, calificado como económico urgente, debe ser aprobado o rechazado en 30 días, o entrará en vigor por el ministerio de la ley. La iniciativa será una prueba para determinar si la clase política está a la altura de las reformas necesarias, o si una constituyente será inevitable para abordar la crisis de seguridad.
