El Consejo de la Judicatura de Ecuador destituyó el 6 de mayo de 2025 a cuatro exjueces de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, sentenciados por delincuencia organizada en el caso Plaga, una red de corrupción que otorgaba beneficios judiciales ilegales a cambio de dinero. La decisión, tomada por unanimidad, prohíbe permanentemente su retorno a la Función Judicial.
Los jueces destituidos son Simón García (Paján), Joffre Rivera (Chone), Ángel Lindao (La Concordia) y Byron Orejuela (Flavio Alfaro). Según investigaciones, recibieron pagos de entre $2,000 y $30,000 por liberar a personas privadas de libertad, incluyendo sicarios y miembros de grupos criminales como Los Lobos. García, por ejemplo, liberó en 2022 a Daniel Salcedo, condenado por corrupción, mientras Lindao emitió nueve acciones de garantías ilegales, como el habeas corpus para Leandro Norero. Rivera y Orejuela también beneficiaron a procesados por delitos graves mediante transferencias bancarias coordinadas por abogados intermediarios.
La Judicatura destacó que estas acciones comprometieron la imparcialidad judicial, violando los artículos 109.11 y 109.19 del Código Orgánico de la Función Judicial. El caso Plaga, que involucra a 31 procesados, incluyendo policías y abogados, revela una estructura criminal que manipulaba el sistema judicial con acciones constitucionales ilegítimas. Esta destitución se suma a la de otros nueve funcionarios judiciales en octubre de 2024, reflejando el esfuerzo por erradicar la corrupción en la justicia ecuatoriana.
