El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) ratificó este viernes 12 de diciembre la sanción de suspensión por 30 días sin goce de sueldo contra Daniela Ayala, jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha. La decisión fue unánime y responde a infracciones disciplinarias graves tipificadas en el Código Orgánico de la Función Judicial.
La resolución confirma la medida tomada inicialmente hace tres meses tras una denuncia del entonces fiscal subrogante, Wilson Toainga. Se determinó que Ayala, durante la audiencia de formulación de cargos en el caso que investiga a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, emitió comentarios personales que excedieron su rol jurisdiccional.
Motivos de la sanción disciplinaria
Según el informe aprobado por los vocales y el presidente Mario Godoy, la jueza Ayala incurrió en tratos verbales impropios hacia la fiscal del caso, Ana Hidalgo. Entre los puntos destacados en la resolución se encuentran:
- Cuestionamiento profesional: La jueza afirmó que la fiscal no tenía capacidad para actuar objetivamente y debía retirarse de la causa.
- Ataque institucional: Ayala señaló que la Fiscalía no debe ser el “brazo ejecutor del político de turno”, insinuando motivaciones políticas en el trabajo técnico de la entidad.
- Agresión verbal: El CJ calificó sus expresiones como una “reprimenda personal” y una agresión de palabra que buscó socavar la legitimidad de la intervención fiscal en una audiencia de alto interés público.
“No estamos en una tertulia ni hablando con nuestros primos o tíos… la Fiscalía no es un brazo ejecutor del político de turno”, fue una de las frases textuales citadas en el análisis disciplinario.
Impacto en el Caso Magnicidio FV
Con esta ratificación, la jueza Ayala no podrá retomar el conocimiento del proceso por el asesinato de Villavicencio. En esta causa se procesa actualmente a figuras como:
- José Serrano (exministro).
- Xavier Jordán.
- Ronny Aleaga (exasambleísta).
- Daniel Salcedo.
Actualmente, la jueza Luz María Ortiz está a cargo del caso. Fue ella quien cambió las medidas cautelares contra Jordán y Serrano, dictando prisión preventiva en lugar de presentaciones periódicas.
Incidentes recientes en el proceso
La diligencia de vinculación de los cabecillas de Los Lobos (alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis), prevista para este viernes 12 de diciembre, no se concretó. El procesado Luis Arboleda (Gordo Luis) rechazó la defensa pública, exigiendo un abogado particular, lo que postergó la audiencia para el 26 de diciembre.
Por su parte, Patricio Rosero, abogado de las hijas de Villavicencio, expresó su preocupación por posibles “casualidades” que entorpecen la instrucción fiscal y adelantó que presentará una queja contra una funcionaria del SNAI, Karol Jiménez, por intentar intervenir en el proceso sin ser parte del mismo.
