La noche del lunes 9 de febrero de 2026, el Consejo de la Judicatura (CJ) entró en una crisis administrativa tras la separación de Alexandra Villacís Parada, quien debía asumir la presidencia temporal ante la licencia del titular, Mario Godoy. El vocal del organismo, Fabián Fabara Gallardo, denunció públicamente que el Director General envió un oficio al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para activar la designación de un nuevo suplente sin que el Pleno de la Judicatura fuera consultado ni emitiera resolución alguna al respecto.
El impedimento de Alexandra Villacís
La funcionaria Alexandra Villacís, quien ya había subrogado la presidencia en diciembre de 2025 sin inconvenientes, descubrió de manera inesperada un impedimento laboral en el Ministerio del Trabajo por supuestas deudas con el sector público de años anteriores. Villacís calificó el hecho como “extraño” y denunció las siguientes irregularidades:
- Falta de notificación: Se enteró de su separación a través de los medios de comunicación y no por canales oficiales.
- Celeridad selectiva: Cuestionó la rapidez del CJ para solicitar un nuevo suplente en lugar de esperar la actualización del sistema del Ministerio del Trabajo, dado que los valores ya fueron cancelados.
- Antecedentes: En diciembre de 2025, sus certificados estaban en regla, lo que genera dudas sobre la aparición repentina de estas moras.
Ruptura en el Pleno y posible “acefalía”
La intención del Director General del CJ es que la Corte Nacional de Justicia envíe una terna para nombrar un vocal suplente definitivo que reemplace a Villacís, bajo el argumento de evitar una “acefalía” en la institución. No obstante, el vocal Fabara rechazó este intento de adelantar una resolución institucional y anunció que pedirá explicaciones sobre estas actuaciones que considera arbitrarias.
