El 29 de julio de 2025, dos jueces federales del Distrito Sur de Florida exigieron información sobre el centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en un aeropuerto abandonado en los Everglades. La jueza Kathleen Williams solicitó acuerdos entre el Gobierno de Florida, ICE y DHS, además del último estudio de impacto ambiental, tras la demanda de Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity por amenazas a especies protegidas.
El juez Rodolfo Ruiz II autorizó a la ACLU y migrantes detenidos a pedir detalles sobre los acuerdos operativos. Ambas demandas alegan falta de claridad sobre la responsabilidad del centro, con autoridades evadiendo competencias ambientales y humanitarias.
La ACLU destacó que los detenidos están incomunicados, sin acceso a tribunales, bajo una autoridad no definida. Desde su apertura el 3 de julio, el centro alberga 1.000 personas, con capacidad para 2.000 y planes de llegar a 4.000. Se reportan seis hospitalizaciones.
El gobernador Ron DeSantis anunció vuelos de deportación desde el sitio. Activistas, que lo llaman “campo de concentración”, protestaron la semana pasada, denunciando condiciones inhumanas.
