En un paso crucial para el denominado Caso Triple A, que investiga la presunta distribución ilegal de combustible y en el que está implicado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, un juez ha declarado la validez procesal del expediente. Tras esta decisión, el magistrado ha instruido a la Fiscalía para que presente su dictamen acusatorio contra 22 individuos y personas jurídicas involucradas en el caso.
Durante la audiencia, se abordaron posibles vicios de procedimiento, pero el juez determinó que no existían tales irregularidades y procedió con la validación del proceso. El fiscal Leonardo Alarcón ha sostenido que las empresas investigadas mantienen vínculos con distribuidoras de combustible, a través de las cuales se habría comercializado de manera irregular grandes volúmenes de combustible, especialmente diésel. Este avance judicial marca una nueva fase en la investigación de este controversial caso en Ecuador.
