Un juez federal en Washington, D.C., bloqueó el 30 de abril de 2025 el intento del presidente Donald Trump de deportar a ciudadanos venezolanos a El Salvador utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma diseñada para tiempos de guerra. La decisión, emitida por el juez James Boasberg, impide que la administración ejecute expulsiones sumarias sin debido proceso, en respuesta a una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). El fallo protege temporalmente a miles de venezolanos, muchos acusados sin pruebas de vínculos con la banda Tren de Aragua.
La administración Trump invocó la ley el 14 de marzo, alegando una “invasión” de la banda venezolana, y deportó a más de 200 personas a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador, pese a la orden judicial de Boasberg de suspender los vuelos. Familiares denuncian que los deportados, detenidos por tatuajes u otras suposiciones, no tienen relación con el crimen organizado. La Casa Blanca, que apeló al Tribunal Supremo, argumenta que la seguridad nacional justifica las expulsiones, pero el juez criticó la falta de garantías procesales, comparando el trato a los migrantes con el recibido por nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
El caso ha escalado a una batalla legal que podría redefinir el poder ejecutivo en temas migratorios. La ACLU y expertos legales advierten que la ley de 1798, usada solo tres veces en la historia, amenaza los derechos de los migrantes al permitir detenciones y deportaciones sin juicio. Mientras, el acuerdo con El Salvador, que incluye $6 millones anuales para su sistema carcelario, ha sido cuestionado por denuncias de abusos en CECOT. La Corte Suprema, con una mayoría conservadora, decidirá si levanta el bloqueo, en un contexto de creciente tensión entre Trump y los tribunales federales.
