El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha sido llamado a juicio por el juez Renán Andrade en el denominado ‘Caso Triple A’, que investiga la presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos. La decisión judicial afecta a un total de 16 personas y seis empresas vinculadas a este caso. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Alvarez, el juez no la concedió, pero reiteró la obligatoriedad de que el alcalde use un grillete electrónico, una medida que ya había incumplido en abril pasado alegando una afección cardíaca.
La investigación del ‘Caso Triple A’ se inició en julio de 2024 a raíz de una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que alertó sobre el presunto comercio irregular de gasolina. Se encontraron discrepancias significativas entre el volumen de combustible despachado por Ecuador y lo comercializado por las compañías investigadas. Informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) estiman que la red causó una pérdida económica aproximada de USD 61.502.658, correspondiente a 2.277.791,80 galones de diésel y gasolina.
Aquiles Álvarez fue vinculado al caso debido a su rol como representante legal de Copedesa, una empresa familiar de comercialización de combustibles. Durante su gestión en esa compañía, habría firmado contratos con tres estaciones de servicio que, supuestamente, vendieron más galones de combustible de los que tenían autorizados para almacenar. Es importante destacar que los hechos bajo investigación ocurrieron antes de que Álvarez asumiera la alcaldía, lo que significa que no gozaba del fuero de corte provincial al momento de los presuntos ilícitos. Su abogado, Ramiro García, ha criticado la decisión del juez de llamar a juicio a todos los acusados por la Fiscalía, argumentando que los argumentos de la defensa deberían haber sido analizados previamente.
