Un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitó el 25 de abril de 2025 iniciar el proceso de extradición de Liu Aisheng, ciudadano chino acusado de cohecho en el caso Sinohydro, tras ser localizado por Interpol en Pekín. La investigación, liderada por la fiscal general Diana Salazar, señala a Liu como parte de una red de corrupción que operó entre 2009 y 2018, facilitando que la empresa china Sinohydro obtuviera el contrato para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La obra, emblemática del gobierno de Rafael Correa, costó al país más de $2.000 millones, financiada con un crédito del Eximbank de China.
La Fiscalía acusa a 25 personas, incluyendo al expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, y sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno, de recibir $76 millones en sobornos. Estos fondos, según la teoría de Salazar, se distribuyeron mediante transferencias, cheques y compras de bienes a través de empresas vinculadas a los procesados. Liu Aisheng, junto con otros exfuncionarios de Sinohydro como Cai Runguo, exembajador chino en Ecuador, y los ciudadanos chinos Yang Huijun, Song Dongsheng y Wu Yu, enfrenta cargos por su rol en la trama. La solicitud de extradición a China reemplaza una previa dirigida a Panamá, donde inicialmente se creía que estaba Liu.
El caso Sinohydro, que comenzó como INA Papers en 2019, ha enfrentado retrasos en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, cerrada el 14 de julio de 2023. La extradición de Liu Aisheng es complicada, ya que China rara vez extradita a sus ciudadanos, según expertos y la falta de respuesta a solicitudes previas en 2023. Mientras, Moreno y otros procesados han incumplido medidas cautelares como presentaciones periódicas, generando pedidos de prisión preventiva. Este caso destaca los desafíos de la justicia ecuatoriana para sancionar redes de corrupción transnacionales.
