La jueza María Daniela Ayala, de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, decidió no imponer prisión preventiva a los cuatro sospechosos señalados como autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. En la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre de 2025, dictó prisión preventiva solo para Ronny Aleaga, cuyo paradero se desconoce, y Daniel Salcedo, quien está en prisión. Para José Serrano y Xavier Jordán, ordenó presentaciones periódicas ante el consulado ecuatoriano en Miami, donde ambos residen.
Para Jordán, la jueza justificó la medida no privativa debido a su comparecencia virtual, considerando que no hay riesgo de que evada el proceso. En el caso de Serrano, quien enfrenta una situación compleja ante la justicia estadounidense, Ayala dispuso presentaciones en Miami, pero si es deportado, deberá presentarse en Ecuador dentro de los tres primeros días hábiles, de forma semanal. Además, prohibió a los cuatro procesados acercarse a menos de 200 metros de las víctimas, incluidas Amanda, Tamia y Verónica Sarauz, o contactarlas, incluso en redes sociales.
La fiscal Ana Hidalgo, del caso Magnicidio FV, solicitó prisión preventiva para todos y un oficio a Interpol para capturar a los tres procesados fuera del país, argumentando que las medidas no privativas no garantizan su presencia en el juicio. Hidalgo acusó a Jordán de ser el autor mediato, financiando y planificando el crimen a través de Leandro Norero; a Serrano de coordinar con policías para informar sobre la seguridad de Villavicencio; a Aleaga de participar en seguimientos; y a Salcedo de ejecutar rastreos. Las defensas cuestionaron la objetividad de la Fiscalía y pidieron garantías de seguridad para Salcedo.
Ayala aclaró que la audiencia se limitó a la formulación de cargos, iniciando una instrucción fiscal de 90 días. La jueza no acogió el pedido de prisión preventiva general ni el oficio a Interpol, priorizando medidas que aseguren la participación de los procesados en el proceso por el delito de asesinato, sancionado con 22 a 26 años de prisión según el artículo 140 del COIP.
