Este martes 3 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional se convirtió en el escenario de un careo político de alta intensidad. La Comisión de Fiscalización instaló la sesión para evacuar las pruebas de cargo y descargo en el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Los proponentes de la Revolución Ciudadana (RC) presentaron un total de 23 pruebas documentales y 12 audiovisuales, con las que buscan demostrar un presunto incumplimiento de funciones. La jornada inició con un fuerte cruce verbal entre el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez (ADN), y los legisladores correístas, reflejando la polarización en torno a un proceso que podría terminar con la destitución del máximo jefe de la justicia administrativa.
El núcleo de la acusación contra Godoy se centra en la supuesta vulneración de la independencia judicial, principio protegido por el artículo 168 de la Constitución. Según los interpelantes, Godoy habría utilizado a su colaborador cercano, Henry Gaibor (quien renunció en diciembre tras el escándalo de unos audios), para presionar al juez anticorrupción Carlos Serrano. El objetivo habría sido beneficiar a Jezdimir Srdan, un ciudadano serbio procesado por narcotráfico y lavado de activos en el denominado “Caso Euro”, quien además fue cliente de la esposa de Godoy, la abogada Dolores Vintimilla. Esta relación ha sido catalogada por los proponentes como un conflicto de intereses flagrante que compromete la transparencia de la Función Judicial.
