El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional rechazó la moción presentada por la bancada de la Revolución Ciudadana para iniciar un juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, por su presunta vinculación con el polémico caso PROGEN. En la sesión realizada el pasado 5 de agosto, la propuesta no alcanzó los votos requeridos para ser calificada, lo que impide que el proceso avance hacia la Comisión de Fiscalización.
La solicitud de juicio político fue impulsada tras conocerse supuestas irregularidades en contratos adjudicados por más de 105 millones de dólares a la empresa estatal PROGEN, dedicada a proyectos de generación eléctrica. Según los legisladores que impulsaron el proceso, existían indicios de responsabilidad política por parte de la ministra, relacionados con adjudicaciones sin concurso y presunta falta de transparencia.
Sin embargo, durante la votación en el CAL, no se logró la mayoría absoluta necesaria para dar paso al trámite, lo que significa que la moción queda archivada en esta etapa inicial, sin que pueda ser remitida para el respectivo análisis político y legal en la Comisión de Fiscalización.
La decisión generó fuertes críticas por parte de sectores de oposición, quienes acusan a la mayoría parlamentaria de bloquear mecanismos de control político y proteger a funcionarios del Ejecutivo, pese a los cuestionamientos públicos y las demandas de mayor transparencia en la administración de recursos estatales.
Desde el oficialismo y bancadas aliadas, en cambio, se defendió la postura argumentando que el pedido no cumplía con los requisitos constitucionales ni con los elementos probatorios suficientes para justificar una interpelación, además de señalar motivaciones políticas detrás del intento de juicio.
El caso PROGEN ha provocado un creciente debate público sobre la gestión de los recursos en el sector energético, en medio de denuncias sobre contratos entregados de manera directa, posibles conflictos de interés y falta de fiscalización efectiva. A pesar del rechazo en el CAL, sectores críticos han anunciado que insistirán en otras vías de control político y jurídico.
