Desde enero de 2024, las Fuerzas Armadas de Ecuador han aprehendido a más de 6.000 presuntos miembros de grupos armados en el marco del conflicto armado interno, pero muchos fueron liberados rápidamente, señaló el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esta disonancia entre el esfuerzo militar y la justicia preocupa al Gobierno.
Loffredo destacó que las Fuerzas Armadas han asumido un rol protagónico, enfocándose en recuperar el control territorial, intervenir cárceles y capturar a líderes criminales. Sin embargo, la liberación inmediata de detenidos, incluso en casos de flagrancia, evidencia un patrón que debilita estas acciones. “La justicia no está en sintonía con el esfuerzo militar”, afirmó.
El ministro denunció decisiones judiciales “incomprensibles” y casos de corrupción, como pactos entre delincuentes, abogados y funcionarios sobornados. Errores procesales y sobreseimientos por supuesta debilidad probatoria encubren arreglos ilícitos, según Loffredo, generando desazón en la ciudadanía frente a un sistema judicial que parece favorecer a las mafias.
Loffredo atribuyó la crisis a decisiones históricas de gobiernos que, según él, protegieron a narcos y pandilleros, permitiendo el asentamiento del crimen organizado. Este contexto, agravado por la influencia de recursos narco en campañas políticas, pone a prueba al Estado. “Las Fuerzas Armadas no pueden combatir solas”, enfatizó.
Para enfrentar esta amenaza estructural, el ministro abogó por un sistema de justicia íntegro que apoye a las instituciones y proteja a los ciudadanos, militares y policías. La investigación de la Asamblea busca esclarecer las irregularidades judiciales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
