La justicia de Ecuador ha fijado para el próximo 13 de marzo la audiencia de formulación de cargos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Esta nueva diligencia judicial surge tras un reporte policial del pasado 10 de febrero, en el cual se constató que el burgomaestre no portaba el grillete electrónico durante un allanamiento en su residencia en Samborondón. Según la argumentación de la Sala de Juzgamiento del caso Triple A, el desprendimiento físico de los mecanismos de rastreo estatal justifica la imposición de la prisión preventiva como medida de última instancia para evitar que el procesado se sustraiga de la acción de la justicia.
Este escenario jurídico evoca casos similares ocurridos durante la última década, como el del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, quien en 2018 se retiró el dispositivo de vigilancia y huyó del país hacia Venezuela. Un patrón parecido siguió la exministra María de los Ángeles Duarte, quien también abandonó el uso del grillete antes de refugiarse en la Embajada de Argentina y posteriormente trasladarse a territorio venezolano. En ambos casos, aunque fueron llamados a juicio por este delito, las etapas de juzgamiento permanecen suspendidas debido a que el marco legal ecuatoriano no permite sentencias en ausencia para esta figura penal específica.
El Código Orgánico Integral Penal establece para este delito una sanción que oscila entre uno y tres años de privación de libertad. En el caso de Alvarez, la audiencia se llevará a cabo por vía telemática con sede en la Unidad Multicompetente de Samborondón, donde se determinará su responsabilidad en la inobservancia de las prohibiciones impuestas por el juez anticorrupción Renán Andrade. Este proceso se desarrolla de forma paralela a otras investigaciones penales que enfrenta el funcionario, complicando su situación jurídica y administrativa al frente de la alcaldía guayaquileña.
