La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) reiteraron su llamado urgente al Estado ecuatoriano para que establezca canales de diálogo efectivos que prevengan nuevas violaciones a los derechos humanos, en el contexto del paro nacional que cumple 23 días. El organismo multilateral expresó su profunda preocupación por los reportes de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, al igual que por los actos de violencia registrados en las protestas contra el recorte del subsidio al diésel. La CIDH lamentó la muerte del comunero kichwa Efraín Fueres e instó a la Fiscalía a investigar imparcialmente.
El conflicto ha generado reportes dispares: mientras organizaciones sociales denuncian al menos 100 heridos, 100 detenidos y 12 procesados por terrorismo, el Gobierno reporta ataques a agentes estatales, la retención de 17 militares en los disturbios e infiltración del crimen organizado en las protestas. El Estado ecuatoriano defendió sus actuaciones bajo principios de legalidad y proporcionalidad, pero la CIDH alertó sobre denuncias de congelamiento de cuentas bancarias a diez dirigentes y la apertura de investigaciones contra 50 personas, lo que podría constituir un uso indebido de la Ley de Transparencia Social para obstaculizar a los movimientos sociales.
La RELE registró también 21 agresiones contra periodistas y trabajadoras de medios, y alertó sobre la suspensión por 15 días del canal comunitario indígena TV MICC, advirtiendo un “efecto inhibitorio” en la libertad de prensa. La CIDH enfatizó que la protesta pacífica es un pilar de la democracia y que la violencia aislada no puede justificar la restricción de derechos a los manifestantes pacíficos. Finalmente, el organismo instó al Gobierno a promover un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con los sectores sociales y organizaciones indígenas para atender sus demandas por la vía democrática.
