México enfrenta una persistente crisis de desapariciones que afecta principalmente a la población juvenil en estados como Sinaloa y el Estado de México. Entre los casos más críticos se encuentra el de Carlos Emilio, de 21 años, visto por última vez hace tres meses en un bar de Mazatlán. Pese a que las autoridades afirman tener grabaciones de los vehículos involucrados, no existen detenciones ni avances concretos. De igual forma, en Naucalpan, Kimberly Moya desapareció tras salir a imprimir una tarea; aunque hay dos sujetos vinculados a proceso, el paradero de la estudiante de dieciséis años sigue siendo desconocido para su familia.
La falta de infraestructura de vigilancia operativa también obstaculiza la justicia, como ocurre en el caso de Jeshua Cisneros en Cuautitlán Izcalli. Su padre ha denunciado que cámaras estratégicas de seguridad y de empresas privadas no funcionaban al momento del incidente. Mientras los colectivos de madres buscadoras reportan un incremento en los reportes diarios, incluyendo las recientes desapariciones de menores como María Guadalupe Vázquez y Keyri Serrano, la administración federal ha evitado profundizar en estas cifras durante sus informes públicos, centrando su discurso en otros delitos de alto impacto.
