La nueva Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), esa que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a invertir el 70 % de lo que reciben en obras y servicios básicos —y que ya fue aprobada por 77 votos en la Asamblea Nacional y enviada al Registro Oficial por Daniel Noboa para su publicación— está hoy en la antesala de convertirse en letra viva. Para entendernos: la regla será progresiva —65 % en 2026, 68 % en 2027, 70 % desde 2028— y el 30 % restante será para gasto corriente.
¿Y qué es exactamente ese gasto corriente? Es el dinero que no construye parques ni pavimenta calles, pero mantiene encendida la maquinaria institucional: sueldos, dietas, asesores, coordinadores, directores, personal administrativo, servicios básicos, arriendos, combustible, contratos de apoyo, aportes patronales. Es, en teoría, el costo de que el municipio funcione. En la práctica, muchas veces es el costo de que “quien paga para llegar, llegue para pagar”.
Dentro de ese 30 % dedicado a la nómina el debate deja de ser técnico y se vuelve quirúrgicamente incómodo. Porque cuando se habla de “burocracia”, no se habla solo de secretarias y obreros municipales. Se habla de cargos —como en el siguiente ejemplo, tomados, con paciencia franciscana, de la propia página web del Municipio de Quito— que forman parte de la nómina de Pabel Muñoz, alcalde correísta y cruzado feroz contra la Ley del 70 %. En ella aparecen criaturas administrativas como el Director Metropolitano de Protocolo (¿su misión heroica será vigilar que la bandera no esté al revés y que el concejal incómodo no se siente en primera fila? ¡Vaya usted a saber!), el Director Metropolitano de Recursos Naturales (¿custodio del aire quiteño? o ¿guardián espiritual de los páramos?), el Director Metropolitano de Movilidad Activa (lo que inevitablemente nos obliga a preguntar si existe uno de Movilidad Pasiva, o quizá uno de Movilidad Inactiva), el Director Metropolitano de Cambio Climático (una tarea modesta: detener el calentamiento global desde la Plaza Grande), el Director Metropolitano de Regulación y Control Ambiental y el Director de Cultura en el Espacio Público —lo que deja abierta la inquietante sospecha de que algún día descubramos al Director de Cultura en el Espacio Privado—. Y estos son solo algunos. Todos con sueldo, equipo, oficina, asistente y café institucional. Todos dentro del delicado, sensible y ahora limitado 30 % del gasto corriente.
Ahí está la médula del conflicto: la ley dice “inviertan más en obras”, pero no dice explícitamente “reduzcan su organigrama”. Sin embargo, si solo el 30 % puede destinarse a gasto corriente, y la nómina es abultada, el ajuste tendrá que venir de algún lado. Y eso explica por qué alcaldes como Pabel Muñoz —uno de los más críticos de la norma— levantan la voz: el límite no solo ordena prioridades, también presiona estructuras administrativas que crecieron con comodidad.
Pero calma, esto todavía puede torcerse: aunque la ley está lista para su publicación oficial (lo que la convierte en norma obligatoria), ya hay demandas de inconstitucionalidad anunciadas ante la Corte Constitucional por parte de sectores políticos como Pachakutik y la Revolución Ciudadana, así como gremios y autoridades locales que consideran que la medida vulnera la autonomía financiera de los GAD. Ahí mismo, la Corte podría detener o modificar la aplicación si encuentra que choca con la Constitución o con principios de descentralización.
Bienvenidos al teatro jurídico.
Y ahora, sin anestesia, veamos dónde reside realmente la gracia y dónde el espanto de esta ley. Porque como siempre en nuestro país: mitad de aplausos, mitad de reproches, y todos con el micrófono encendido.
LOS PROS (sí, hay algunos)
La norma pone un límite donde ha habido demasiada elasticidad. Obliga a priorizar agua potable, alcantarillado, vialidad, saneamiento… en suma, lo que debería ser obvio pero rara vez lo es. En un país donde no pocas alcaldías destinan una porción significativa de su presupuesto a mantener estructuras administrativas robustas, exigir que la mayoría vaya a inversión es una sacudida necesaria. Además, la transparencia trimestral exigida y la reducción de transferencias si no se cumple —ahí sí, imponer consecuencia real— obliga a un orden que muchos han eludido con habilidad. La regla 70/30 puede convertirse en el bisturí que obligue a revisar organigramas inflados y a priorizar obra tangible sobre el escritorio.
LOS CONTRAS (sí, también hay varios)
Pero aquí llega el clavo: imponer un porcentaje rígido desde el nivel central es casi como decirle a cada territorio cómo administrar su propia complejidad. Los GAD no son iguales; algunos recaudan bien, otros dependen casi totalmente de transferencias. Equipararlos bajo un mismo techo fiscal puede asfixiar a quienes ya operan con márgenes mínimos. Además, el Ejecutivo no siempre es puntual en sus transferencias —y no hay sanción equivalente cuando incumple—, lo que crea una regla del embudo: estrecho para los municipios, flexible para Carondelet. También existe el riesgo del maquillaje contable: reclasificar gasto corriente como inversión para alcanzar el 70 % en papel, sin que cambie la realidad. Y, por supuesto, el factor político: condicionar recursos puede transformarse en mecanismo de presión sobre alcaldes incómodos.
En resumidas cuentas, el gasto corriente no es el villano: sin él no hay municipio que funcione. El problema aparece cuando la nómina se vuelve más protagonista que la obra, cuando el organigrama crece más rápido que el alcantarillado. La Ley del 70 % intenta corregir ese desbalance. La pregunta no es si debemos invertir más —eso es indiscutible—, sino si la receta es quirúrgica o indiscriminada. Porque en este país, el bisturí puede curar la infección… o terminar cortando donde más duele.
Editorialista: Mónica Carriel
