La frontera minera en la Amazonía ecuatoriana avanza sin señales de desaceleración. Según el último reporte del Monitoreo del Proyecto Amazonía Andino (MAAP), la provincia de Morona Santiago ha experimentado una expansión drástica de la actividad extractiva en los últimos cuatro años. El análisis, respaldado por la fundación EcoCiencia, confirma que la superficie impactada por la minería prácticamente se duplicó, pasando de 420 hectáreas en 2020 a 856 hectáreas en 2024. Este incremento del 100 % pone en jaque la integridad de los bosques primarios y las fuentes hídricas de las que dependen las comunidades locales.
Tecnología satelital para detectar el avance minero
Para documentar este crecimiento, los investigadores utilizaron la herramienta digital Amazon Mining Watch. Esta plataforma utiliza inteligencia artificial y procesamiento de imágenes satelitales para detectar nuevos frentes de extracción en tiempo real:
- Escala del impacto: Las 856 hectáreas afectadas representan una superficie similar a 2.000 canchas de fútbol profesional, evidenciando la magnitud de la remoción de capa vegetal.
- Tipos de extracción: El informe señala una presión creciente proveniente de la minería artesanal, pequeña y gran minería, que convergen en zonas de alta biodiversidad.
- Monitoreo continuo: Gracias a las actualizaciones trimestrales de la plataforma, se ha podido determinar que no hay señales de tregua en la degradación de suelos durante el periodo evaluado.
Amenaza directa a territorios indígenas
Más allá de la pérdida de cobertura forestal, el informe advierte sobre una crisis social y ambiental inminente. La expansión minera en Morona Santiago coincide con territorios habitados por pueblos indígenas, lo que eleva el riesgo de vulneración de derechos colectivos.
Expertos en conservación señalan que la actividad aurífera no solo destruye el bosque, sino que provoca la contaminación por metales pesados en ríos y quebradas, alterando servicios ecosistémicos vitales como la provisión de agua limpia y la regulación climática. El reporte técnico subraya que la convergencia de varios territorios indígenas en las zonas de mayor explotación exige una respuesta inmediata de las autoridades para frenar el impacto cultural y ambiental en la región.
